El correcto planteamiento inicial en cualquier conflicto con la Administración es una pieza clave para su resolución satisfactoria; así, una buena fundamentación de un recurso de alzada o de una reclamación previa puede suponer evitar el paso a los órganos jurisdiccionales pero, a sensu contrario, una fundamentación errónea no solo hará inviable la estimación de nuestras pretensiones en vía administrativa, sino que también podría perjudicar irremediablemente la acción en el subsiguiente procedimiento contencioso administrativo.
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Ello es así porque las alegaciones o reclamaciones previas condicionan y delimitan las pretensiones que posteriormente se puedan ejercitar en vía contencioso administrativa. Por lo anterior, y por mucho que no sea preceptiva la asistencia letrada en un expediente administrativo, la misma siempre será recomendable, por un lado para intentar una solución satisfactoria en vía administrativa y por otro para no perjudicar los procedimientos contenciosos si estos fueran insalvables.
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